Buenos Aires

04 de Diciembre del año 2017 - 1527




UNA OBJECIÓN Y LA RESPUESTA, CON UN PROYECTO DEL DECRETO DE INDULTO



25 de noviembre de 2017 7:37 p. m.

Para: La botella al mar

Asunto: Indulto

Estimado Doctor:

Trataré de ser lo más conciso posible para dar respuesta a su interrogante. En tal sentido debo decirle que no creo en Macri en absoluto, no creo en esta democracia alejada de los valores cristianos, al decir de Juan Pablo II, una democracia degenerada. No creo en esta democracia ni creo en ningún político, sólo creo en la Patria y en los patriotas.

Soy parte protagonista de esta lucha por la cual tenemos tantos prisioneros de guerra. Y los llamo así porque eso es lo que son, son prisioneros de una guerra que aún persiste bajo otras formas, hoy es la guerra psicopolítica desarrollada desde los mismos poderes del estado. No hay balas, no hay cañonazos, no hay enfrentamientos bélicos, pero se ataca a la Patria Católica desde todos los frentes. Se atacan las instituciones fundamentales y fundacionales de la Patria todos los días y de las más diversas formas. Cunde la apostasía por todos lados y no hay justicia porque se corrompió totalmente cuando aceptó juzgar y condenar contra derecho a las Fuerzas del Orden de la Nación y permitió que los terroristas sigan en libertad, cobren indemnizaciones y ocupen cargos importantes en todos los niveles del estado nacional.

Es imposible que un soldado como yo le pida al presidente de la nación un indulto o una amnistía cuando es el principal responsable de que en su país no se cumpla con la justicia.

Estando yo en prisión durante el gobierno del gran crápula de Menem, se organizaron varias marchas para pedir por nuestra libertad. Prohibí a mis familiares y amigos que concurriesen a pedir por mi porque entendía que se le estaba pidiendo la libertad a quien era el principal ejecutor de la injusticia que estábamos sufriendo.

Si lee mis cartas y artículos anteriores, podrá comprobar que más que pedir por la libertad de mis camaradas, pido por la justicia. Y entiendo por justicia que no estén presos por haber participado en una guerra. Si alguien se aprovechó de la guerra sucia para llenarse los bolsillos o cometer otro delito, que lo pague, previo juicio justo. Pero, al mismo tiempo, absolutamente todos los terroristas que secuestraron, robaron y mataron vayan presos. Eso es lo que reclamo o mejor dicho denuncio porque no hay ninguna autoridad moral para dar curso legal a ningún reclamo de este tipo porque ya no hay república.

Le aclaro que cada 15 días voy a visitar a los camaradas de armas que se encuentran prisioneros y obviamente, muchos de ellos conocen mi posición y la comparten. Un soldado que combatió cabalmente por su Patria en defensa de Valores y Principios y no cometió delitos, no debe ser perdonado, debe ser reconocido.

Seguramente después de leer estas líneas usted me repreguntara, ¿entonces que hacemos? ¿cómo liberamos a los camaradas?. Y al respecto le contesto que de la única forma que veo que tanta injusticia pueda ser reparada, es deteniendo, juzgando, condenando y encarcelando a todos los terroristas que asolaron a la Nación y reviendo y anulando todos los juicio fraguados con testigos falsos de los protagonistas de las Fuerzas del Orden de la Nación.

Claro que esto es imposible que lo haga un político... Sólo un patriota que ante todo ponga a la Patria podría hacerlo. Y cuando hablo de Patriota, que no se mal entienda que estoy hablando sólo de militares pues el Patriotismo no sabe sólo de armas y uniformes.

Estimado doctor, podría seguir escribiendo mucho más al respecto pero entiendo que le he expresado las principales ideas fuerza.

Me despido de usted con mi más distinguida consideración y con la firme convicción de que si la Patria nos requiriera para librar El Buen Combate, seguramente nos encontrará en la misma trinchera.

¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María Reina!

¡Por Dios y por la Patria!

Hugo Reinaldo Abete
Ex Mayor E.A.

CONTESTACIÓN


4/12/2017

Estimado Mayor:

Perdón por la demora en contestar su carta.  Comprendo sus razones pero “contra facta no valent argumenta”, decían los escolásticos. Y el hecho es que lo que Ud. indica como solución es mucho más difícil (sino imposible) que exigir el indulto, no pedirlo, sino exigirlo, todos a una. La exigencia debió hacerse apenas Macri asumió el poder. Pero el error de perspectiva que Ud. refleja en su carta ha sido insertado en las cabezas de todos los secuestrados, sus familias y los buenos patriotas por no sé qué logia. Se perdió esa oportunidad, pero la posibilidad de exigirlo todavía es más factible que su idea: “ Seguramente después de leer estas líneas usted me repreguntara, ¿entonces que hacemos? ¿cómo liberamos a los camaradas?. Y al respecto le contesto que de la única forma que veo que tanta injusticia pueda ser reparada, es deteniendo, juzgando, condenando y encarcelando a todos los terroristas que asolaron a la Nación y reviendo y anulando todos los juicio fraguados con testigos falsos de los protagonistas de las Fuerzas del Orden de la Nación”. ¿Sabe quienes son los jueces que tienen que hacer todo eso que Ud. dice? Los mismos del kirchnerismo, que mandaron a la cárcel a los secuestrados políticos y pertenecen al mismo pártido que los que Ud. quiere que condenen.

Por ejemplo, Lorenzetti, el Presidente de la Corte, acaba de reconocer que era montonero. Vea el artículo de Horacio Lynch que le mando por separado.

Me tomé el trabajo de hacer un proyecto de decreto de indulto que le adjunto. Como verá no reconoce culpa alguna de los secuestrados políticos. Y es la única manera como pueden salir libres.  Pero como le dije, sospecho que hay una logia (dentro de las FFAA) que está difundiendo la idea contraria. Y eso es la mejor manera de apoyar a Macri en su cinismo.

Cordiales saludos

Cosme Beccar Varela


PROYECTO DE DECRETO DE INDULTO

DECRETO Nro. XXXXX

VISTO

El gran número de personas encarceladas por aplicación de lo que fue llamada una "politica de Estado  de los derechos humanos" y que una gran parte de la opinión pública considera que existen numerosas violaciones al Derecho en esos encarcelamientos, que ya hay más de 400 muertes causadas por las condiciones inhumanas en que se mantiene a esas personas, muchos de los cuales son ancianos de más de 70 años, que están en "prisión preventiva" desde hace mucho más de tres años, se les niega el beneficio de "prisión domiciliaria" a pesar de su avanzada edad y que esta conducta del Estado en relación a tales personas ha sido motivada por la activa gestión vindicativa de un sector político, mientras que las víctimas de esa política consideran el mantenimiento de esa política como una injusticia intolerable, todo lo cual hace imposible la pacificación nacional.

Y CONSIDERANDO

Que existen fundadas razones para dudar de la legitimidad de los procesos judiciales en los cuales esas personas han sido privadas de su libertad, entre ellas, que las leyes 23.492, denominada de "punto final" y 23.521 , de "obediencia debida" eximieron de persecución penal a los miembros de las FFAA que actuaron en la represión del terrorismo desatado sobre el país en los años 70 y que ambas leyes fueron declaradas conformes con la Constitución Nacional por numerosos fallos de la Corte Suprema de la Nación (entre ellos, Fallos: 310:1162, caso "Camps", 1987, reiterado en Fallos ulteriores) y que como consecuencia de esas leyes y fallos, se dictaron varias sentencias que absolvieron a varios de los actualmente encarcelados pero esas sentencias, a pesar de haber hecho "cosa juzgada", fueron ignoradas por sentencias posteriores al 2003 en las que se condenaba a prisión a esas mismas personas.

Que la ley 25.779 por la que el Congreso, en el año 2003 declaró "insanablemente nulas las Leyes 23.492 y 23.521" sin dar fundamento alguno para tan extraña decisión, puesto que el Congreso no tiene facultades para declarar la "nulidad" de las leyes sino para revocarlas, si fuera el caso, pero con vigencia a partir de la fecha de su promulgación y no en forma retroactiva.

Que, consecuentemente, dicha ley carece de valor para sanear las nulidades efectivamente incurridas por los jueces que violaron la cosa juzgada, condenaron por causas prescriptas aplicando en forma retroactiva la ley 25.390, del años 2002, que adhirió recién en ese año al llamado "Estatuto de Roma" que declara imprescriptibles los crímenes de guerra, lo cual viola asimismo el art. 18 de la Constitución Nacional que establece la irretroactividad de las leyes penales.

Que en el trámite de los llamados "juicios de la verdad" en los cuales los encarcelados en cuestión eran "juzgados" les negaron las condiciones mínimas que exige el derecho de defensa, autorizando la hostilización violenta de los elementos simpatizantes del terrorismo contra los acusados, amenazando a los defensores, aceptando como testigos a personas que habían participado activamente en la lucha contra la subversión en los años 70 cuya imparcialidad era, obviamente inexistente, siendo, en todos los casos, esa la única "prueba" que los jueces aceptaban como válida y hasta extractando frases de los dichos de esos "testigos" emitidas en otros juicios impidiendo, por ende, que los defensores pudieran repreguntarles y dejar en claro su parcialidad contra los acusados; que inclusive se tenía por probada la culpabilidad por el mero hecho de que el acusado había revistado en destinos considerados como "focos de la represión" sin que se hubiera demostrado ni remotamente que fuera otra cosa que sospechas y menos aún, sin haber probado que el acusado hubiera participado de la actividad considerada lesiva de los derechos humanos interpretados en forma tan amplia que excluía la misma actividad lícita de la Fuerza Pública en su deber de mantener el orden mínimo de toda sociedad civilizada contra los ataques terroristas. Las objeciones razonables que pudieran tener los ciudadanos pacíficos contra el gobierno militar surgido de un golpe de Estado, nunca se expresaron en acción civil armada terrorista en la que caían personas inocentes de dicho golpe de Estado.

Que el actual titular del Poder Ejecutivo prometió en su campaña electoral del año 2015 "acabar con el curro de los derechos humanos", es decir, libertar a las víctimas de esa política vengativa de los partidarios del terrorismo de los años 70 muchos de los cuales formaron parte del gobierno que se mantuvo en el poder desde el 2003 hasta el 2015 y se dedicó a perseguir a las FFAA y a las FFSS con una clara intención de venganza.

Que es público y notorio que los jueces responsables de las objetables conductas judiciales siguen siendo jueces, y hasta uno de los más encumbrados de ellos declaró varias veces en discursos públicos que la persecución de los acusados por "lesa humanidad" era una "política de Estado" coordinada por los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con lo cual hizo una confesión implícita de prevaricato sancionado por el art. 269 del Código Penal, pues un Juez jamás puede dictar sentencias siguiendo una política combinada con los otros poderes del Estado sino fundadas en la ley y en los hechos probados debidamente en los autos.

Que en el torbellino persecutorio desatado contra los acusados por la "política de los derechos humanos" nunca se tuvo en consideración otra cosa que la mera sospecha y el odio ideológico y no la concreta comisión de delito alguno, por lo cual es extremadamente probable que la casi totalidad de los encarcelados actuales sean totalmente ajenos a los hechos que se les imputan y una minoría que hubiera actuado en la represión del terrorismo lo hizo siguiendo órdenes superiores que eran ineludibles, como bien lo estableció la ley 23.521 y surge indiscutiblemente de los Reglamentos militares y de la propia esencia de las FFAA, salvo graves objeciones morales que pertenecen a la conciencia de cada uno y no a las leyes del Estado. Por lo tanto, se ha violado la presunción de inocencia mediante decisiones judiciales nulas.

Que es imposible esperar que los propios jueces que siguen en sus cargos declaren la nulidad de sus aberrantes resoluciones y el Poder Ejecutivo carece de mayoría en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura como para exonerarlos con la celeridad que la gravedad del caso exige.

Que el art. 99, inciso 5to. de la Constitución  Nacional (1994) le otorga al Presidente de la Nación la atribución de "indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente".

Que en este caso se da la particularidad de que los encarcelados están sufriendo una "pena" que sólo es tal en virtud de sus efectos de privarlos de la libertad, pero no porque cada uno de ellos sea culpable de delito alguno debidamente probado y castigado lícitamente por jueces imparciales. Sin embargo, el único instrumento con que cuenta el Presidente de la Nación para hacer cesar en forma inmediata la aberración que hace sufrir a tantos argentinos es usar su atribución de indultarlos a todos, restituyéndoles la libertad en forma instantánea.

Que el informe previo que exige al art. 99 inciso 5to, puede ser un instrumento usado por los mismos jueces injustos para demorar el efecto de esa decisión presidencial frustrando la intención equitativa de la Constitución y que los abogados defensores de los encarcelados conocen las actuaciones de que han sido víctimas sus defendidos y pueden impedir mediante su actividad legal que tal interferencia pueda producirse.

Que el tiempo es de la esencia de esa medida de restitución de la Justicia en que está empeñado el Poder Ejecutivo por lo cual corresponde fijar un plazo para la expedición de ese informe, ya que esa no es una oportunidad concedida a los tribunales ni a nadie para oponerse a la decisión del Presidente de la Nación sino tan sólo de informar sobre la existencia de actuaciones judiciales.

POR ELLO, el Presidente de la Nación decreta:

Artículo 1ro.) Se solicita a los Señores Jueces que dictaron resoluciones o sentencias contra los encarcelados cuya lista se agrega como Anexo A de este decreto (que podrá ser ampliado en caso de que se advirtiera después de esta fecha que se ha incurrido en omisiones que deben ser reparadas)  para que emitan un informe, conforme al art. 99 inciso 5to, de la Constitución Nacional, sobre la existencia de resoluciones o sentencias contra los mencionados, con todos los datos necesarios para encontrar las actuaciones, en el plazo perentorio de 30 días, estando obligados a admitir la colaboración de los abogados que se designan en el artículo segundo de este decreto facilitándoles todo lo necesario para cumplir la tarea de auditoría que se les encomienda. Transcurridos los 30 días indicados, sin que el Poder Ejecutivo hubiera recibido los informes, se considerará que los tribunales correspondientes consideran innecesario producirlos y se tendrá por emitido y efectivo el indulto del Presidente de la Nación en favor todos los encarcelados enumerados en el Anexo A y sus agregados.  

Artículo 2do.) Se designa a los abogadosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX como Auditores ad hoc de las actuaciones de los tribunales que deberán expedir el informe a que se refiere el artículo primero de este decreto. Los Auditores designados, previa aceptación del cargo, se reunirán en el lugar que ellos mismo designen para distribuir entre ellos la tarea encomendada. En caso de que alguno o algunos de los nombrados no aceptara, los mismos abogados auditores podrán nombrar sus reemplazantes. También podrán designar uno o más Secretarios por cada auditor, según el volumen de las actuaciones que deben examinar. Comunicarán esos nombramientos al Secretario General de la Presidencia quien dictará las resoluciones ratificatorias de esos nombramientos en el menor tiempo posible. Todo el trabajo hasta la expedición del informe de los tribunales correspondientes no podrá exceder de los 30 días desde la fecha de publicación de este decreto. Las retribuciones de los auditores y de sus Secretarios no podrán exceder del sueldo de un Secretario de Juzgado, para los auditores, y de Oficial Primero para los secretarios, y por un máximo de 30 días.

Artículo 3ro) Al cumplirse el trigésimo día de la publicación de este decreto, quedará vigente el este indulto y todos los indultados serán puestos en libertad de inmediato, proveyéndoles todos los medios de transporte y asistencia humanitaria y económica que necesiten para trasladarse adonde se lo propongan.  Los Directores de todos los servicios penitenciarios serán responsables penalmente por privación de la libertad de cualquier encarcelado que permanezca en los predios penitenciarios contra su voluntad por cualquier tiempo, por breve que sea. Dichos Directores deberán facilitar el ingreso de los familiares de los indultados suprimiendo todo trámite burocrático que pueda demorarlos.

Artículo 4to. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.        
    








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